Manifiesto de médicos por la vida 2014.

#Manifiesto2014

Médicos por el Derecho a Vivir

Al Sr. Presidente del Gobierno, al Sr. Ministro de Justicia:

Ante el anuncio del Gobierno de modificar la actual legislación sobre el aborto y la derogación de la Ley Orgánica 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, los profesionales de la medicina al cuidado de la mujer y de su hijo durante su vida prenatal y a lo largo de su infancia:

• Reconocemos que el “Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada” supone un avance hacia una mayor protección, que no total, de la vida prenatal.
• Nos reafirmamos en el Manifiesto de Madrid 2009, que declara:

Existe sobrada evidencia científica de que la vida empieza en el momento de la fecundación. Los conocimientos más actuales así lo demuestran: la Genética señala que la fecundación es el momento en que se constituye la identidad Genética singular; la Biología Celular explica que los seres pluricelulares se constituyen a partir de una única célula inicial, el cigoto; la Embriología describe el desarrollo y revela cómo se desenvuelve sin solución de continuidad.

El embrión (desde la fecundación hasta la octava semana) y el feto (a partir de la octava semana) son las primeras fases del desarrollo de un nuevo ser humano y en el claustro materno no forman parte de la sustantividad ni de ningún órgano de la madre, aunque dependa de ésta para su propio desarrollo.

Un aborto no es sólo la «interrupción voluntaria del embarazo» sino un acto simple y cruel de «interrupción de una vida humana».

• Creemos firmemente en nuestra vocación como médicos al cuidado de nuestros pacientes y afirmamos que el aborto no debe ser denominado “acto médico”, ya que este es el que se realiza con la intención de curar o de paliar el sufrimiento de un ser humano, y no la de acabar con su vida.
• Apoyamos la eliminación de nuestra legislación del aborto inducido como derecho de la mujer, ya que ante este concepto la vida del hijo queda totalmente desprotegida, a merced de lo que un tercero decida hacer con ella.
• Ningún ser humano puede ser discriminado sobre la base de una enfermedad o discapacidad, ya sea pre o postnatalmente. Nuestro deber como médicos es procurarles la atención y los cuidados de máxima calidad, y promover el adecuado estudio de las enfermedades neonatales, su prevención y tratamiento. Por este motivo, apoyamos la decisión de abolir el aborto eugenésico, y que esta medida se extienda a TODOS los enfermos sin distinción, sea cual sea su patología y su gravedad.
• Reivindicamos nuestro derecho a ejercer  la objeción de conciencia para no colaborar ni directa ni  indirectamente con el aborto, sin sufrir ningún tipo de discriminación laboral, sin exigir una inconstitucional declaración escrita y sin restricciones en el tiempo.

Los abajo firmantes, especialistas en Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Psiquiatría, Genética Médica, Radiología y Diagnóstico Prenatal, Médicos de Familia y otras especialidades apoyamos la intención del Gobierno de proteger la vida de nuestros pacientes, en este caso las mujeres y sus hijos y pedimos que la nueva Ley garantice los siguientes apartados:

1. Coordinar centros de apoyo sanitario y sociolaboral que ayuden verdaderamente a la mujer y garanticen la seguridad que todo concebido merece.
2. Potenciar la información sobre  los daños psicofísicos que el aborto supone garantizando –así- la protección que la mujer precisa.
3. Propiciar protocolos que ofrezcan tratamientos adecuados para las discapacidades, favorezcan la integración social y que garanticen la atención integral que la familia necesita.
4. Promover controles de las clínicas que realizan abortos para evitar fraudes a la Ley  y exigir que los especialistas que certifiquen los supuestos contemplados pertenezcan al Sistema Nacional de Salud, impidiendo, así, que existan intereses económicos o de vinculación laboral propios del ámbito privado.
5. Evitar que la Ley continúe promoviendo “programas de salud sexual”  en menores violentando las convicciones educativas de los padres en temas en los que no hay consenso social ni evidencia de efectividad al no haber logrado disminuir la tasa de embarazos no deseados.